Secretaría de Economía supervisa que inversión de GPO en Sinaloa cumpla con los más altos estándares de seguridad industrial
Topolobampo. La Secretaría de Economía (SE) aseguró que la empresa Grupo Proman Occidente (GPO), que desarrolla un complejo de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, opera bajo normas reconocidas internacionalmente en materia de seguridad de procesos, gestión ambiental y responsabilidad social.
En un comunicado explicó que el complejo fue declarado prioritario por el gobierno federal y cuenta con financiamiento liderado por KfW IPEX-Bank, la banca de desarrollo alemana. Esa institución es firmante del Protocolo de Ecuador, marco que solo permite financiar proyectos que cumplen con las normas medioambientales vigentes.
GPO fue fundada en 2013 como subsidiaria mexicana de Grupo Proman, compañía con más de 40 años de experiencia en la industria petroquímica. El grupo opera 17 plantas y mantiene presencia en más de 25 países, entre ellos Trinidad y Tobago, donde tiene actividad desde 1984, y Estados Unidos. De acuerdo con la información disponible, la empresa no registra incidentes fatales en su historial de operación.
Proyecto busca reducir dependencia externa de fertilizantes
Entre los estándares bajo los que trabaja la compañía se encuentran los de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) y el Código Internacional para el Manejo de Gases Licuados de la Organización Marítima Internacional, ambos referentes en el manejo seguro de este tipo de instalaciones.
La trayectoria de Grupo Proman en distintos países la coloca como una empresa con experiencia previa en el desarrollo de infraestructura petroquímica de gran escala, lo que forma parte de los elementos considerados para el proyecto en territorio mexicano.
La dependencia destacó que para el gobierno de México, la inversión en Topolobampo tiene el propósito de detonar el potencial económico de la región y posicionar al país como productor de insumos estratégicos, en un contexto en el que otras naciones enfrentan dificultades para garantizar su abasto de amoníaco y fertilizantes.
Las autoridades federales sostienen que el proyecto contribuye a reducir la dependencia externa de estos insumos, fortalece al campo mexicano y contiene costos de producción agrícola. Según esa postura, estos elementos podrían derivar con el tiempo en mayor estabilidad para los precios de los alimentos que llegan a los hogares del país.